Un fallo federal reconoce un amparo colectivo por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La resolución se conoció semanas después de haberse conmemorado, el 21 de septiembre, el Día de la Sanidad Argentina, una fecha que recuerda la necesidad de fortalecer el acceso a la salud y a los tratamientos esenciales. el Día de la Sanidad Argentina, recordando la urgencia de garantizar derechos en salud para todos.
Un fallo con impacto nacional
El Juzgado Federal de Campana emitió una resolución que da lugar a un amparo colectivo presentado por dos familias cuyos hijos tienen discapacidad, reclamando la plena vigencia de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que había sido suspendida por el Decreto 681/2025.
El juez rechazó los argumentos del Poder Ejecutivo —que aludía a un posible desfinanciamiento del sistema— y consideró que las familias afiliadas a la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) tienen derecho legítimo a reclamar por los reintegros afectados por los cambios normativos.
Amparo colectivo: inclusión de familias y prestadores
Otro punto relevante del fallo es la ampliación del universo alcanzado por el amparo. No solo incluye a personas con discapacidad y sus familias, sino también a prestadores esenciales de servicios:
- escuelas,
- centros terapéuticos,
- centros de día,
- transporte especializado,
entre otros.
El juez también ordenó acumular causas similares que se tramitan en provincias como Córdoba y Mendoza, para evitar resoluciones contradictorias y fortalecer la acción colectiva.
Un precedente de alcance constitucional
La sentencia no solo reconoce el carácter colectivo del reclamo, sino que además descarta las objeciones formales planteadas por el Estado respecto a legitimación y publicidad de la acción.
Según el propio fallo, más de un millón de personas con CUD podrían verse beneficiadas por esta decisión, lo que convierte la medida en un precedente relevante para futuros litigios.
Lo que viene
El Estado deberá responder ahora los argumentos de fondo, y el juez avanzará con el análisis de constitucionalidad del Decreto 681/2025, que interrumpió la aplicación de la ley.
En paralelo, organizaciones del sector anticipan que este avance judicial se transformará en una herramienta clave para exigir el cumplimiento efectivo de los derechos ya establecidos por ley, especialmente en un contexto de creciente demanda por garantías de acceso a la salud y al tratamiento.